31 enero, 2014
Escrito por Jaume Navarro

Convocando un pleno extrordinario y con las puertas del Ayuntamiento veladas por los antidisturbios, ha aprobado el Gobierno de mayoría absoluta del PP de Alcorcón, la contratación de los servicios de Tragsa para recoger la basura de las calles.

Con una medida supuestamente ilegal, el Gobierno se saltará la huelga que mantienen los trabajadores de la empresa encargada de la recogida, metiendo a una empresa para que haga estas laborales.

En cualquier empresa española, la contratación de un trabajador para sustituir a otro que se encuentre en huelga, es un acto ilegal que vulnera el derecho a huelga de los trabajadores.

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Al igual que ocurría en Madrid el consistorio de Alcorcón ha optado por no hacer caso a las reivindicaciones y saltarse el derecho a huelga.

Los camiones de la empresa privada que se encargará de limpiar las calles irán escoltados por las Unidades de Intervención Policial.

Este boicot a la huelga se ha aprobado amparándose en dos informes de técnicos municipales de las áreas de sanidad y jurídica, a pesar de que no se ha decretado un estado de alerta.

Tragsa comenzaba ayer con las labores de limpieza, en la que era la décima jornada de huelga de los trabajadores.

Mientras la empresa realizaba sus labores de limpieza, los vecinos de la localidad han salido en apoyo de los trabajadores en huelga y han insultado a los empleados que boicoteaban la huelga de los alcorconeses.

Eduardo Ortega de CCOO ha declarado que el respaldo de los ciudadanos a los huelguistas es “tremendo”, al mismo tiempo que afirmaba que el culpable del conflicto es el alcalde popular, David Pérez, quien “no quiere escuchar a los representantes de los trabajadores, que se han ofrecido a desconvocar la huelga en el momento en el que ESMASA se comprometa a cumplir con la legislación vigente y respetar los compromisos adquiridos”.

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Otros sindicatos como CSI-F y CGT, junto a CCOO declaraban que “el Gobierno de Alcorcón manda a los antidisturbios. Aquí no hay democracia ni nada”.

Por su parte el alcalde, David Pérez, ha tachado las protestas de los trabajadores como “injustificadas reclamaciones de unos pocos”.

Los sindicatos recuerdan al alcalde que firmó un acuerdo con ellos por el que se comprometía a no externalizar servicios durante la legislatura.

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