29 noviembre, 2013
Escrito por Jaume Navarro

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El Gobierno dará luz verde a la reforma de los activos fiscales diferidos (DTA). Las medidas incluidas permitirán reforzar el capital de los bancos en 30.000 millones de euros.

El cambio modifica la adopción de los DTA pasándolos al modelo francés, así se podrán compensar los créditos fiscales con impuestos futuros y también permitirá que sean pagados de forma retroactiva, teniendo en cuenta los impuestos pagados en los dos últimos años.

Este “regalo” a la banca permite que los DTA no solo puedan compensarse con futuros impuestos de las entidades, sino que también con los que ha pagado en los dos años anteriores.

Es decir, que los activos fiscales se convertirán en futuros créditos fiscales que permitirán a los bancos reducir los pagos de sus impuestos con la Hacienda Pública por beneficios que vayan a tener en el futuro.

La regulación conocida como Basilea III entrará en vigor en 2014 y obliga a descontar los activos fiscales deducidos del capital, lo que supone de media un 30% de sus fondos propios y para Bankia un 70%.

Por lo tanto, las entidades deberían completar ese porcentaje del capital con sus beneficios, con créditos en el mercado interbancario o recibir fondos públicos.

El Ministerio de Economía que dirige Luis De Guindos ha realizado esfuerzos para que los gastos en pensiones de los empleados no formasen parte de los DTA, pero Bruselas ha exigido que las pensiones se eliminen de su contabilización del capital, así que las entidades en las que sus empleados contemplen elevadas pensiones, como es el caso del Santander o BBVA, tendrán que dotar con beneficios, créditos o ayudas el capital.

¿Qué son?

Los DTA se pueden convertir desde dos tipos: Los que vengan generados de pérdidas pasadas, es decir, impuestos de sociedades con bases negativas; o gastos no deducibles en el impuesto como las previsiones que el Gobierno dotó a los bancos mediante el real decreto “De Guindos” en 2012, los saneamientos y gastos de reestructuración de 2010 o los compromisos de pensiones.

Las empresas españolas cuentan en la actualidad con un capital de 51.000 millones de euros que tienen como derecho de cobro con Hacienda. La Agencia reconoce este apunte contable y pretende compensar en el futuro a las entidades reduciendo sus impuestos.

¿En qué consiste la medida?

El Gobierno exige a los bancos a dotar como provisiones los inmuebles de dudoso pago o que ya tienen en su poder, que al mismo tiempo les genera mayores impuestos. Pero estos impuestos están contemplados por Hacienda como un derecho de cobro de los bancos. Y el último paso ha sido convertir ese derecho en líquido.

¿Cómo ha generado la banca española estos activos fiscales?

Los bancos han ido provisionando futuras pérdidas de la cartera crediticia provenientes en gran parte de las concesiones hipotecarias de inmuebles, prejubilaciones y planes de pensiones de los empleados.

Al no contabilizar estas partidas como gastos, sino como futuros gastos, las entidades pagan más impuestos que no pueden deducir en la base imponible del Impuesto de Sociedades, con lo que el Gobierno les concede un crédito fiscal que pueden recuperar en 18 años.

Entonces lo que hace el Gobierno es avalar los créditos fiscales de la banca. A la que además beneficiará con una próxima reducción del 30% sobre las comisiones que se le aplican a las gestoras de los planes de pensiones.

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