31 julio, 2013
Escrito por Angela De la Vega

El Ejecutivo va a aprobar este viernes el Anteproyecto de Ley de Colegios Profesionales que, conforme al borrador, consiente que el Gobierno central y los gobiernos autonómicos disuelvan las juntas de gobierno de este tipo de instituciones ordenando la realización de una nueva elección de sus miembros.

El Anteproyecto ya ha levantado ampollas antes de ser aprobado ya que implica un nivel de intervencionismo inusitado bajo la idea de “tutelaje” y con el argumento de “control de eficacia” de estas corporaciones.

Los 35 colegios profesionales, 966 territoriales y los 1,4 millones de miembros que conforman la Unión Profesional ha protestado contra la medida y ha elevado su queja al Ministerio de Economía.

La Unión ha censurado la actuación por la falta de diálogo previo dentro de “un sector tan sensible como el de los servicios profesionales”. La aprobación de la Ley impediría la integridad e independencia de los colegios llevando a una situación de ineficiencia.

En el borrador del texto se especifica que será el gobierno central o autonómico el que llevará a cabo una “administración de tutela” de los colegios, dependiendo estos del correspondiente órgano público en función del ámbito de actividad en que se desarrolle el colegio.

Además los colegios deberán presentar una Memoria anual en la cual figure las cuentas anuales consolidadas, estadísticas sobre sanciones, quejas y reclamaciones de los ciudadanos e incompatibilidades y conflictos de intereses así como una auditoría en el caso de los colegios a los que se deba pertenecer de forma obligatoria.

El artículo de la discordia, el número 33 del anteproyecto, indica que la Administración de tutela “deberá evacuar en el plazo de tres meses un informe de conformidad” tras lo cual señala que “el informe de conformidad con conclusión general desfavorable deberá estar suficientemente motivado y conllevará la disolución de la Junta de Gobierno del Colegio profesional y la necesidad de convocatoria de nuevas elecciones”.

El argumento que presenta el Ejecutivo para sostener la validez de este artículo establece que estas entidades son corporaciones públicas por lo que su tutela es necesaria a fin de “garantizar la protección de los intereses de los consumidores y usuarios”.

Es por esto que también las administraciones serán quienes elaboren los informes de conformidad en lo que respecta a la dirección de los colegios de pertenencia obligatoria.

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