6 agosto, 2013
Escrito por Angela De la Vega

Hasta 60.004 personas se han visto afectadas por la medida del Ministerio de Empleo, que ha decidido finalizar la prestación por desempleo que se les había concedido.

Las causas, según la entidad pública, son haberse negado a aceptar ofertas de trabajo o no cumplir con lo estipulado para el acceso o su mantenimiento. Esta acción hará que el gasto por subsidios caiga en 915,1 millones de euros.

A la sombra de estas circunstancias, la cantidad de prestaciones denegadas ha aumentado en un 14,8% con respecto al 2012 por las mismas fechas, ingresando las arcas estatales un total de 119 millones de euros.

La persecución del cobro fraudulento de prestaciones por desempleo, o Plan de lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social con aprobación en 2012, actúa de este modo a favor de los ingresos del Estado, permitiendo ahorrar 3.160 millones de euros.

A consecuencia del Plan, y como parte de éste, las más de 334.000 inspecciones de trabajo llevadas a cabo por el ministerio han contribuido a destapar más de 130.000 puestos de trabajo.

De forma idéntica, para las empresas de falsa índole, han tenido lugar 35.000 inspecciones que han descubierto más de 64.000 empresas falsas habiéndose cometido, por consiguiente, más de 3.500 infracciones.

Las infracciones cometidas en otras materias, empleadores que dan trabajo a personas que aún reciben prestaciones, ha crecido un 31% con respecto al mismo periodo del año 2012. El resto de las infracciones, unas 1.964, suponen el 146,3% del total tomando como referencia el pasado año.

El Ejecutivo ha comenzado así una caza de brujas, instando a los ciudadanos a que señalen a su vecino en caso de que este cometa fraude frente a la Seguridad Social. Según la propia ministra, Fátima Báñez, “todos debemos involucrarnos en el objetivo común de erradicarlo”.

“Las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de atajar un problema que nos concierne a todos, pero si la ciudadanía no toma conciencia de la importancia de colaborar en la lucha contra el empleo irregular y el fraude, para que la inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda actuar de inmediato, acabar con esta lacra será una tarea mucho más ardua”, añade Báñez.

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