30 diciembre, 2013
Escrito por Jaume Navarro

La estrategia del Gobierno de Mariano Rajoy para generar mayores ingresos localizando el fraude laboral, pasa por la contratación millonaria de una consultora que asesore con nuevas estrategias y métodos para luchar contra el empleo irregular.

La consultora ha de implantar el modelo de lucha contra el trabajo de forma irregular y el fraude que se comete a la Seguridad Social. Esta consultora trabajará para el Ministerio de Empleo que dirige la ministra Fátima Báñez con un contrato de 5 millones de euros.

No es nueva la estrecha relación entre las grandes consultoras privadas y el Gobierno del Partido Popular, que para el último test a la banca acordaron un contrato de dos millones de euros.

En esta ocasión el precio lo ha fijado la Subdirección General de Patrimonio y Contratación, que licitará la consultoría estratégica a las empresas que presenten sus ofertas hasta enero.

El Ministerio de Empleo establece que para este asesoramiento de 24 meses se necesitarán a ocho trabajadores, un gerente, dos consultores responsables de negocio y seis consultores analistas de datos.

Menos trabajadores públicos

En 2012, la plantilla mobile casinos de la Tesorería General de la Seguridad Social contaba con 12.975 trabajadores, casi 260 trabajadores menos que en 2011. Mientras se producen continuos recortes de personal público, el Gobierno pagará cinco millones de euros por el trabajo que podría hacer la Tesorería.

La labor de la consultora es potenciar la implantación de sistemas predictivos que analicen los propios datos de la Seguridad Social para observar los focos de fraude más importantes y prevenir las estafas durante la gestión de la afiliación, cotización y recaudación.

Es decir, la Seguridad Social va a poner a disposición de una empresa privada todos los datos de los trabajadores afiliados.

El sindicato de funcionarios CSIF-F ha denunciado que “no se nos informa, no se negocia, solo nos enteramos cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE)”.

El CSIF-F tacha de privatizaciones, las actuaciones del Gobierno, que ha externalizado el 80% de la plantilla del sistema informático de la Seguridad Social: “se saltan la Ley de Protección de Datos como les da la gana”.

El sindicato critica otras privatizaciones como el Fogasa o la impresión y envío de las vidas laborales, que es “un trabajo que puede ser realizado por cualquier persona de la administración”, añaden que se privatizan servicios públicos que son básicos, ya que primero hacen una campaña en contra del número de funcionarios, para luego despedirlos o extinguir esos puestos y acabar privatizando esos trabajos.

“La Tesorería General de la Seguridad Social tiene un 60% de la plantilla que necesita para hacer su trabajo” reprochan desde el sindicato.

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