31 marzo, 2014
Escrito por Jaume Navarro

Entre los beneficios que acumula la Iglesia en España se encuentran las inmatriculaciones que son jurídicamente la primera inscripción de una finca en el Registro de la Propiedad.

Este derecho hace que la Iglesia pueda quedarse con propiedades que no son suyas pero de las que conoce que no existe dueño registrado.

Desde la entrada en la época franquista, la Iglesia ha sido uno de los principales poderes que han dominado la sociedad española, por lo tanto, también ha sido uno de los que mejor ha conocido su entorno.

Así que esta información privilegiada que manejaba la Iglesia ha podido ser utilizada para otorgarse propiedades que han perdido su titular o no tenía ningún dueño registrado.

Y es que bajo el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de la época franquista, aún vigente, y el artículo 304 del Reglamento hipotecario, los obispos quedan equiparados al de un funcionario público a la hora de certificar que un bien es suyo, para poder inmatricularlo.

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Así ocurre que entre el Patrimonio de algunos arzobispados españoles se pueden encontrar calles, casas, frontones, huertos, o el último caso más escandaloso, la Mezquita de Córdoba.

Solo en Navarra se contabilizan un total de 1.086 bienes comunales que la Iglesia hizo suyos desde el 1998 al 2007. Un informe del Parlamento de Navarra en 2008 afirmaba como la Iglesia hasta 1998 había inmatriculado propiedades rurales o urbanas, casas particulares, viñas, olivares o frontones.

Pero a partir de 1998, tras una reforma del Gobierno de José María Aznar sobre la ley de la época franquista, a la que añadió la posibilidad de registrar también bienes religiosos, se inmatricularon 1.200 bienes.

Entre los registros se encuentran un templo del siglo XIII en San Miguel de Lizoain que el ayuntamiento pretendía rehabilitar para montar un centro cívico y que fue inmatriculado por la Iglesia para que el ayuntamiento tuviera que pagar por él, cuando era de titularidad pública.

Otro de los ejemplos es la catedral de Pamplona, para la que se invirtieron 15 millones de euros en 2006 de fondos públicos y que el arzobispado ha inmatriculado.

Ante estas inmatriculaciones, el delegado espiscopal del arzobispado declaraba que “solo procedemos a registrar lo que es nuestro desde tiempo inmemoriales”.

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