30 enero, 2014
Escrito por Ana Bort

En materia económica y sobre los rescates, la crisis económica y los recortes, quizás la noticia más veces comentada y compartida en las redes sociales siempre tenía una temática común; cómo Islandia había dejado caer a los tres principales bancos del país sin rescatarlos y los nacionalizó para evitar el colapso del país.

Eso sí, no se les inyectó dinero para refrescar sus arcas, sino que se suspendió los pagos, se garantizó a todos los islandeses sus depósitos y decidieron que no se pagarían sus deudas externas.

Esta radical política que miró a los ciudadanos en 2008 supuso toda una revuelta. Provocó una caída del valor de la corona islandesa, subió la inflación y la economía se contrajo, pero el primer ministro dimitió.

Una revuelta que provocó que poco a poco la economía islandesa volviera a un cauce sano con la ayuda de los países nórdicos y Rusia. Ahora, cinco años después, cuenta con una tasa del paro del 4% y desean bajarla a un 2%.

Esta cifra contrasta con la de otros países europeos, como España o Grecia, que lidian con porcentajes de un 25%, por ejemplo. Y la cifra ha mejorado, ya que tan solo meses después de que el Gobierno nacionalizara los bancos el paro en Islandia era de un 9,3%.

Aunque la media de desempleo en Europa está situada en un 12,1%, Islandia no se conforma con un 4% y su primer ministro ha asegurado que ‘más de un 4% de desempleo es algo que no queremos’.

Islandia destina un 43% de su presupuesto al Estado de Bienestar, un porcentaje que no ha variado en exceso desde que comenzó la crisis, un dato que contrasta con lo que ocurre en España, donde los recortes en sanidad o educación están a la orden del día.

La tarea número 1 para el gobierno islandés es ahora que aumente el poder adquisitivo de las familias, ya que la fuerte inflación ha mermado su capacidad de compra y ha lastrado su economía ya que las hipotecas, por ejemplo, están asociadas al IPC.

Para poder ofrecer ayuda a las familias el primer ministro anunció a finales de 2013 que se destinaría un 7% del PIB al alivio de la deuda hipotecaria y a socorrer a quienes estuvieran en peligro de perder su vivienda.

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