31 enero, 2014
Escrito por Teresa Gandia

La Autopista Eje Aeropuerto M-12, que une Madrid capital con el Aeropuerto de Barajas, abierta al tráfico en 2005 tras una inversión de 380 millones de euros, se encuentra ahora en una situación de quiebra. Lo que se suponía que iba a ser una forma de despejar el continuo atasco a la entrada de la ciudad, se ha convertido en una gran carga que no genera más que deudas. Esta situación ha obligado a la empresa propietaria de la autopista, la constructora OHL, a declararse en concurso de acreedores con una deuda de 550.000 millones de euros.

Los acreedores de la autopista de Barajas, cuentan con el plazo de un mes, a partir de la publicación del auto de declaración de concurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para determinar los importes que se les adeuda.

La empresa justificó su necesidad de declararse en concurso por el “incremento de los costes de construcción y expropiaciones, sustancialmente superiores a los inicialmente proyectados”, además de la disminución de vehículos que usan este peaje.

En su declaración, la empresa explicaba que la deuda bancaria acumulada es de 222,1 millones de euros y una deuda total de 557 millones. Todo esto impedía que la autopista se sostuviera por sí misma.

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Pero esta no es la única autopista que lucha con el agua al cuello para sobrevivir, la capital cuenta con un gran número de autopistas declaradas en concurso de acreedores con una deuda total de 4.000 millones de euros, que el Gobierno pretende rescatar.

A causa de las caras tasas de peaje que hay que pagar por usar estas autopistas, muchos conductores han decidido dejar de utilizarlas y optar por carreteras generales o autovías gratuitas. En total, la autopista del aeropuerto ha perdido, en este 2013, un 2,5% de los vehículos que antes circulaban por ella, aún así, sigue siendo la autopista que más tráfico soporta del resto de autopistas declaradas en quiebra de la comunidad de Madrid.

Ante este problema, que parece ser más grande día a día, el Ministerio de Fomento sopesa crear una red de autopistas públicas con el objetivo de que sigan funcionando de forma viable. Según explicó la ministra Ana Pastor, el Gobierno sería propietario del 80% de la nueva empresa, mientras que el 20% restante se repartiría entre las actuales compañías propietarias de estas vías de pago.

Otro de los casos de despilfarro económico son los aeropuertos de Castellón, Murcia o Ciudad Real, que fueron construidos en épocas de auge y que ahora se han estrellado y están generando más deudas que beneficios.

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