3 febrero, 2014
Escrito por José Ferrando

En el año 2012, últimos datos definitivos disponibles, el Estado ingresó en impuestos 168.000 millones de euros, pero si aflorase la economía sumergida esta cifra se podría incrementar en 80.000 millones más, lo que permitirá cubrir más de dos tercios del gasto sanitario actual.

La Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas, ha publicado esta cifra en un informe que se basa en los niveles de negocio de la economía sumergida, que está valorada en 253.135 millones de euros por Gestha, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.

Otras fuentes, como el informe realizado por Tax Research que lleva por título “Closing the European Tax Gap“, cifran esta pérdida de recaudación de impuestos en una cantidad algo menor pero igualmente enorme: 72.700 millones de euros. Cantidad que, según el propio estudio, permitiría terminar con la deuda pública de España en solo 9 años.

Por ejemplo, la Agencia Tributaria señala que el fraude fiscal en el comercio electrónico ronda cerca de los 2.000 millones de euros, la mayoría relacionadas con el juego y otros productos online similares. El e-commerce facturó un total de 10.445,1 millones de euros en 2012.

El problema de estas empresas es que están afincadas en paraísos fiscales o tributan todo su negocio en el extranjero, disminuyendo el poder de recaudación del Impuesto de Sociedades, además de que realizan procedimientos fraudulentos en el pago del IVA, sobre todo en la compra-venta de ropa y textil.

La economía sumergida en España siempre ha sido muy elevada, y de hecho se utiliza por parte de muchos analistas sociales y sociólogos para explicar por qué, pese los altos niveles de paro del país, este no se ha visto salpicado con una ola de verdaderas manifestaciones y protestas ciudadanas como ha ocurrido en Grecia.

Todo estaría fundamentado en la concepción típicamente española de que los público “no es de nadie”, por oposición al pensamiento generalizado en Europa de que “lo público es de todos”. Esto explicaría no solo por qué en otros países de Europa la economía sumergida es menor, sino por qué pese a que dos tercios de la población del Estado rechaza el fraude fiscal, este resulta generalizado y aceptado socialmente.

Además, otro problema es la falta de personal especializado en la lucha contra el fraude fiscal, que en España es cinco veces inferior al de países como Alemania, cuya economía en negro es mucho menor. De hecho, la plantilla de la Agencia Tributaria se mantiene con el mismo número de efectivos desde su fundación en 1992.

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