8 agosto, 2013
Escrito por Angela De la Vega

El ‘efecto lunes’ junto con otras acciones aparentemente colusivas han llevado al Gobierno a establecer una serie de medidas que contribuirían, en principio, a bajar el precio de la gasolina. Entre otras cosas, las medidas tienen que ver principalmente con la propiedad en la que se asientan las gasolineras.

Por ejemplo, las grandes superficies y almacenes podrán incluir entre sus instalaciones este tipo de establecimientos, imposibilitando a los ayuntamientos negar las licencias que se obtendrán de manera automática.

Los únicos requisitos necesarios serán características similares por parte de los locales en cuestiones de riesgo, impacto medioambiental o residuos. Otra de las medidas que se proponen es que ninguna distribuidora supere el 30% del mercado de carburantes en una misma provincia.

Además, los contratos exclusivos de distribución de combustibles fósiles se restringen a una duración máxima de tres años.

Estas medidas se proponen después de que la Comisión Nacional de Competencia emitiera un informe en el que se expone que la industria de la distribución de carburantes disfruta de unos rendimientos económicos muy por encima de lo que sería prudente.

No es de extrañar en una situación en la que España asigna un precio de 75 céntimos antes de impuestos a la gasolina súper mientras que éste es de 70 céntimos en Europa.

A fin de luchar contra esta situación, se ha reescrito la Ley de Hidrocarburos que se encuentra integrada en la Ley de Emprendedores. En ella figuran las medidas ya comentadas además de suprimir los precios máximos y los recomendados, decisión esta que contribuirá a bajar los precios de la gasolina de forma cuestionable.

Los más beneficiados de la modificación recientemente publicada en el BOE serán los centros de ITV y las zonas que contengan grandes concentraciones de industria puesto que en la normativa dice que se podrá instalar al menos una gasolinera en sus cercanías.

Como ya hemos comentado anteriormente, el consistorio de la región correspondiente “no podrá denegar por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente para ello” en referencia a las licencias otorgadas para la instalación de gasolineras.

La AOP, Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, asegura que “la medida no aliviará el IPC, dado que los supermercados utilizan la gasolina como reclamo y repercuten la diferencia al resto de productos”.

En cuanto a los contratos de exclusividad, la asociación considera que el nuevo periodo establecido de “tres años ya no son suficiente para costear toda la inversión, lo que dificultará nuevas aperturas en un momento en el que el crédito es tan limitado” y pone de ejemplo a nuestro vecino francés donde “las gasolineras escasean en las autopistas, dado que son menos rentables”.

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