29 julio, 2013
Escrito por Rodrigo Cortiña

El Gobierno de España ha accedido a que las antiguas cajas de ahorros compartan capital con sus bancos, dejando la vía libre para que las cajas puedan establecer una serie de reservas para auxiliar a los bancos en caso de que sea necesario o si lo prefieren, que conserven la propiedad de forma directa.

El Proyecto de Ley de Cajas y Fundaciones en un principio negaba esta posibilidad debido a imposiciones de la Troika, pero el Ejecutivo se ha mostrado receptivo a incluir esta opción a través de una tramitación en el Grupo Parlamentario en el Congreso.

La idea de esta medida, que es más penalizadora que conciliadora con el sector, es mantener un cajón de reservas para recapitalizar los bancos y las filiales en caso de dificultades, intentando forzar la venta de participación debido a los altos costes de generar estas reservas y así evitar que las antiguas cajas de ahorros tengan el control total de los bancos resultantes.

Como paradoja sobre el asunto, las cajas más afectadas por las medidas de liberalización son las que no han necesitado ayudas gracias a su mejor gestión, como es el caso de CaixaBank, Ibercaja, Unicaja y Kutxabank.

El sector ha intentado desde inicios de esta serie de medidas remover la penalización que mermará las actividades de obra social, con una aportación entre el 20% y el 30% de las antiguas cajas, ya que se deberán destinar esos fondos para otras finalidades y posibles accionistas mayoritarios podrían vetar el uso de esos fondos en las obras sociales.

La aprobación del proyecto final de la Ley de Cajas y Fundaciones está previsto para fin de año, exigiendo que todas las cajas deberán transformarse en fundaciones a lo largo de 2014, teniendo que presentar un exhaustivo plan financiero al Banco de España y constituir reservas especiales si mantienen el control del banco resultante.

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