3 febrero, 2014
Escrito por José Ferrando

El Ejecutivo de Mariano Rajoy impulsa un Plan Nacional para la Inclusión Social, financiado aproximadamente con 17 millones de euros, para evitar que las familias con menores a su cargo y sin recursos económicos se vean abocadas a unas malas condiciones de vida por no poder pagar las facturas de luz, agua o gas.

Según el reciente informe de Save The Children, más de 2,8 millones de niños viven en el Estado español bajo riesgo de exclusión social y pobreza. La actuación gubernamental estaría especialmente dirigida a aquellas familias con niños a cargo y con una mala situación económica.

Salomé Adroher, directora general de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, asegura que “dada la situación de urgencia que viven tantas familias, nos ha parecido que había que dar estas ayudas”.

Es la primera vez que desde el Gobierno central se impulsan ayudas de este tipo, que ya se habían desarrollado en otros ámbitos territoriales como municipios y comunidades autónomas. La actuación se basa en una iniciativa que presentó hace poco el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural en el Congreso, que pedía la prohibición de cortar el agua, la luz o el gas a las familias sin recursos que no lo pudiesen pagar.

Aunque se ha adelantado que se destinará una partida económica de 17 millones de euros a este Plan de Inclusión Social, Salomé Adroher declara que “aún no se sabe la partida económica concreta para estas ayudas“. Además, tampoco se sabe qué porcentaje de las facturas cubrirá el gobierno, que van desde un 10% hasta el 100% de la factura según los ingresos económicos del núcleo familiar.

En ese sentido, la directora general asegura que el plan será de implantación autonómica, por lo que serán las propias autonomías las que establecerán los tramos de subvención y los requisitos específicos. Lo que sí se ha adelantado desde fuentes del Ejecutivo es que los beneficiarios serán familias en situación de “pobreza severa”, con mínimo un hijo menor de edad.

Esta decisión va acorde con el objetivo ulterior del plan, que persigue terminar con la pobreza infantil en el Estado. Por ello, el plan se implantará en colaboración con ayuntamientos, bancos, ONG y las distintas comunidades autónomas. El plan ser verá completado con ayudas para los gastos de comedor y transporte escolar de estas familias, así como ayudas al alquiler, entrega de alimentos y vestimenta, y ayudas para garantizar la inserción laboral y social de todos los miembros del núcleo familiar.

No se espera que el Plan Nacional para la Inclusión Social esté operativo hasta el próximo invierno.

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