6 noviembre, 2013
Escrito por Amparo Moreno

Cada vez queda menos para pagar por los rayos de sol y por el viento. Así lo establece el proyecto de ley del sector eléctrico, que esta semana superará el trámite de las enmiendas a la totalidad y que entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

El texto establece que el que tenga una instalación fotovoltaica en su casa tendrá que empezar a pagar por estar conectado a la red eléctrica.

¿Por qué? Según el Ministro de Industria, José Manuel Soria, “a aquellos consumidores que se enganchan a la red general, que estamos pagando todos los demás, también les cobramos un peaje porque, de lo contrario, cuando la utilizaran, si no pagaran, todos los demás estaríamos contribuyendo a pagarle una parte de su consumo”.

Pero esta tesis no ha convencido a gran parte de la oposición: la mayoría de partidos políticos han presentado enmiendas a la totalidad. La diputada de la Izquierda Plural Laia Ortiz (ICV) rebate el argumento del ministro, afirmando que lo que persigue la ley es “desincentivar el autoconsumo, la producción de energías renovables y garantizar a toda costa el pago a las eléctricas, por encima de criterios de sostenibilidad, equidad y eficiencia”. Ortiz asegura que se está buscando beneficiar el sistema de oligopolio de las eléctricas.

Por su parte, Jorge Morales, ingeniero industrial y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, insiste en que el autoconsumo ” permite al consumidor saber cuánto gasta y en qué se lo gasta, puede regular el consumo y decidir qué energía utiliza”. Asimismo, llama la atención sobre la “velocidad y sin apenas debate” con la que se está tramitando esta ley: quedará aprovada previsiblemente en menos de dos meses. Y Morales se lamenta de que esto ocurra “justo cuando se está demostrando que las energías renovables son más baratas que las de combustibles fósiles”.

Tanto Ortiz como Morales sospechan que el mecanismo que incluye la nueva ley de ajuste automático para evitar el déficit tarifario “no se va a cumplir”.

pvgrande2

Mientras tanto, la ley cambia las reglas del juego a las empresas que producen energías renovables. Hasta el 14 de julio, fecha en la que se anuló el sistema anterior, el Gobierno fijaba un precio y pagaba a las empresas la diferencia entre el precio de venta en el mercado mayorista y el que había fijado, lo que suponía un incentivo para esta industria. Ahora, según la ley, se pagará de acuerdo con el concepto de ‘rentabilidad razonable’, metodología que no fomenta la eficiencia.

Otro cambio que introduce la nueva ley es el sistema para poner en marcha una planta de energía renovable, que a partir de ahora será por concursos. Morelas afirma que estos concursos “acaban yendo a grandes empresas y generando corrupción”.

Por último, la diputada de ICV critica las desproporcionadas sanciones, por ejemplo, por comprar placas no homologadas. Esta ley puede traer consecuencias negativas para España, como sanciones europeas por violar las directivas de fomento de las energías renovables y de eficiencia energética.

Los comentarios no estn activados