28 enero, 2014
Escrito por Jaume Navarro

La globalización y el capitalismo han traído consigo la mercantilización de absolutamente todo, incluso las vidas humanas. El ejemplo lo encontramos en esta “deslocalización” de una empresa española a tierras africanas.

Las empresas dejan sus lugares de origen para producir en aquellos en los que la mano de obra es más barata, no existen acuerdos medioambientales ni derechos sociales.

La empresa Agrogeba se dedica a la producción de arroz y actualmente explota las tierras de cultivo de Bafatá, en Guinea Bissau.

Estas tierras ocupadas por la empresa española, eran la fuente de subsistencia y alimentación de las familias que la explotaban.

Un informe en 2012 de la ONG Alianza por la Solidaridad y Oxfam Intermón ratificaba que cuando Agrogeba llegó a la zona, cortó el paso por los caminos y contrató a guardias con rifles para que ni las personas ni los animales se acercasen a los cultivos.

Con la ocupación y expulsión de esta empresa española a los nativos que utilizaban históricamente estas tierras, los guineanos se han visto obligados a trasladarse a lugares más lejanos y trabajar tierras menos fértiles.

Las mujeres son las principales perjudicadas, ya que eran las responsables de los cultivos de arroz, que al mismo tiempo les aportaban autonomía en relación a los hombres.

Todo ha cambiado con la entrada de la empresa Agrogeba. Los hombres han pasado a trabajar las tierras, pero sin ni siquiera contar con un contrato, como denuncia un ex trabajador: “A mí me debían nóminas, me cambiaban sin yo pedirlo salario por arroz y sólo me tenían trabajando de manera temporal y sin contrato. No nos ayudan en nada, el arroz que no venden porque de aspecto no es bonito lo queman en vez de regalárselo a las familias”.

Agrogeba es una empresa española de cuatro socios, dos de ellos inmersos en un proceso de blanqueo de dinero, fraude fiscal y falsedad documental que investiga la Audiencia Nacional por la empresa Petromiralles Group S.L..

El gerente de la fábrica en Bafatá, Jaume Pons, dice que llegaron hace cuatro años para cultivar unas tierras que estaban abandonadas y descuidadas y que gracias a su entrada ahora son productivas.

Pons reconoce para eldiario.es que retienen a los animales que entran en las tierras de la empresa y exigen al ganadero el pago de 40.000 francos, 60 euros. Incluso cuenta como mataron de un disparo a una vaca que se adentró en las tierras porque “ya estábamos cansados de que se colasen animales en las tierras”.

La ONG Alianza por la Solidaridad denuncia que la empresa utiliza fertilizantes y agrotóxicos expulsados por fumigación aérea. Las comunidades sufren esta invasión, según explica una de las mujeres, ya que “los productos químicos desplazan las nubes de mosquitos de los cultivos a la zona donde hay más población, y eso produce más malaria. También estamos teniendo más abortos en mujeres”.

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